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(ca) INJUSTA AGRESION DE HEBE DE BONAFINI A LA CORREPI

From "correpi" <correpi@fibertel.com.ar>
Date Mon, 3 Mar 2003 11:30:18 +0100 (CET)


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        AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
           http://www.ainfos.ca/
       http://ainfos.ca/index24.html
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1. LO QUE DIJO HEBE DE BONAFINI
El 27 de febrero, en su habitual discurso de los jueves en Plaza de Mayo,
la compañera Hebe de Bonafini atacó duramente a la mamá de Walter
Bulacio, a nuestra compañera María del Carmen Verdú e, indirectamente, a
la CORREPI. Su discurso fue luego publicado en el sitio de la Madres, por
lo que quien desee conocerlo completo deberá visitar el www.madres.org

Hebe comenzó señalando que las Madres siempre habían rechazado la
reparación económica estatal porque "lo que hay que reparar con justicia
no se puede reparar con plata". A continuación indicó que no sólo había
jueces corruptos, sino también "abogados corruptos". Inmediatamente leyó
a su público un confuso párrafo del diario Clarín, del que tomó por
cierto que la familia de Walter y su abogada habían realizado un acuerdo
económico con el Estado Argentino "para que no haya juicio en la Corte
Interamericana" y concluyó señalando: "Pero no va a haber condena, ni va
a haber ningún tipo de investigación porque la gente que está en el
juicio negocia. Y porque la madre prefiere la plata a la justicia. Y que
me perdone la señora Bulacio. Ella dice que siempre estuvo en el silencio
y guardada. Nosotras no, nunca nos guardamos, siempre salimos a gritar, a
insultar, que nos pareció lo mejor y nos sigue pareciendo. Porque la vida
de nuestros hijos no vale un poco de dinero, queremos cárcel para los
asesinos. Porque los juicios son todos fraudes. Y la doctora Verdú se
está llenando de plata con estos juicios, mucho dinero viene. Y entonces
toda la lucha, la de los de antes y los de ahora, termina siendo un
puñado de dinero. Como no vamos a permitir eso y no me importa nada, por
eso denunciamos en esta Plaza a los abogados que son tan corruptos como
los jueces".

A buen entendedor, pocas palabras. Para Hebe, la familia de Walter, María
del Carmen Verdú y la CORREPI hemos negociado con el gobierno pues
preferimos la plata a la justicia. Los más de 10 años de lucha por
Justicia para Walter y por decenas de pibes víctimas del "gatillo fácil"
vendrían a ser sólo una pantalla. La compañera Bonafini nos apuntó con su
índice y se hizo la luz: los militantes de CORREPI parecíamos buena
gente, compañeros de lucha, pero no éramos más que unos corruptos
desesperados por la guita...

2. CORREPI Y LAS MADRES
Desde que CORREPI existe hemos privilegiado nuestra relación con la
Asociación Madres de Plaza de Mayo, a quienes consideramos ineludible
referente combativo en el campo popular. Las Marchas por Walter y Por
Todos de cada mes de abril, siempre que han aceptado asistir, las han
tenido en la cabecera, compartida con los familiares de víctimas de la
represión policial. Participamos de muchas actividades propuestas desde
Madres, como la Marcha de la Resistencia o los 24 de Marzo, y nuestros
compañeros son asiduos concurrentes como panelistas o expositores
invitados en la Universidad. En el reciente Congreso de Salud Mental y
DDHH nos dieron la responsabilidad de coordinar un capítulo sobre
POLÍTICAS REPRESIVAS DEL ESTADO, con talleres, charlas, conferencias y
debates, en un gesto de absoluta confianza política. Es muy habitual
también que cuando víctimas de violaciones actuales de los DDHH recurren
a Madres en busca de ayuda, sean sistemáticamente referidos a CORREPI.

Por todo esto, por años de trabajo común y de sonrisas, nos resulta muy
violento descubrir que Hebe nunca nos dijera sinceramente lo que pensaba
de nosotros. La actividad de CORREPI es totalmente pública. Nadie en el
campo popular puede pretender que no conoce quiénes somos, qué hacemos y
qué política desarrollamos, ni mucho menos qué herramientas usamos en
nuestra pelea contra las políticas represivas del estado.

Hemos debatido internamente el carácter que daríamos a esta respuesta.
Todos los compañeros de CORREPI acordamos en que, más allá del dolor que
causa una acusación injusta agravada por ser emitida en un ámbito que nos
resulta tan simbólico como las rondas de los jueves, no vamos a responder
en los términos en que se nos agrede. No vamos a descender a buscar el
agravio fácil como hacen los que responden a otros intereses de clase, o
directamente a los intereses del departamento de estado yanqui. Ese tipo
de ataques son de y para el enemigo. Las Madres -y Hebe personalmente-
JAMÁS SERÁN NUESTROS ENEMIGOS.

Cuando se cuestiona a alguien del campo popular se acercan fraternalmente
las críticas. Si la nota de Clarín indujo dudas o certezas en la
compañera, debió llamarnos y plantearnos su posición, en lugar de tomar
como palabra santa lo que publica la prensa del sistema. Surge claro del
discurso del jueves que Hebe no leyó el comunicado de CORREPI en el que
anunciamos la CAPITULACIÓN del Estado Argentino en el Caso Bulacio,
porque no es otra cosa el reconocimiento de los hechos tal como los hemos
sostenido a lo largo de casi doce años, y su forzado sometimiento a que
en una instancia regional se analicen las normas y prácticas de las
fuerzas de seguridad que conforman el sistema de detenciones arbitrarias
con el que se ejerce el control social cotidiano contra nuestro pueblo.

3. LA TRAYECTORIA DE LUCHA DE CORREPI
CORREPI surgió a la lucha acotada al campo de las denuncias del "gatillo
fácil", la tortura y las detenciones arbitrarias. La correcta
caracterización política que hicimos de estas herramientas represivas,
erradicando los conceptos de "abusos" o "errores" policiales o de
"víctima inocente" nos permitió avanzar en la consolidación de un cuerpo
de ideas antirrepresivas que se resume en nuestra convicción de que sólo
la destrucción del sistema capitalista puede abrir el espacio a un tiempo
sin violaciones a los DDHH. Simultáneamente, nos involucramos
decididamente en la defensa de presos políticos y represaliados por
luchar, tratando de combinar las acciones concretas en cada caso con la
producción teórica, analizando las respuestas represivas del estado ante
el crecimiento de la resistencia y generando también en este campo ideas
y propuestas organizativas.

Si fuimos de los primeros en definir la represión policial cotidiana
contra jóvenes y pobres como parte de las políticas represivas del estado
con el objetivo de ejercer el control social, también lo fuimos a la hora
de caracterizar tempranamente lo que hoy todos denominamos la
criminalización de la protesta social.

Tratamos de trabajar dialécticamente, priorizando la organización popular
y la denuncia pública de la represión, pero también metiéndonos en los
intersticios del sistema legal burgués para arrancar sentencias que suman
más de 400 años de prisión para represores. El 20 % de los policías y
otros miembros de las fuerzas de seguridad presos en cárceles federales
fueron condenados en casos en que intervinieron abogados de CORREPI.

Aunque la tarea de nuestros abogados sea la que más reflejo tiene en la
prensa del sistema, los militantes populares no nos conocen por eso, sino
porque estamos codo a codo como el 20 de diciembre o el 26 de junio,
porque estamos cuando tenemos que estar, aunque eso nos cueste un par de
palos de la policía, como esta semana en San Telmo, o la vida de un
compañero, como Petete Almirón.

Por sobre todas las cosas, tratamos de contribuir a la unidad del campo
popular, definiendo correctamente al enemigo y proponiendo iniciativas al
conjunto de las organizaciones que confrontan al sistema como la marcha
antirrepresiva del 26 de noviembre de 2002.

4. LA LUCHA POR WALTER
El Caso Bulacio marcó la esencia misma de CORREPI como organización.
Decir Bulacio y decir CORREPI es casi lo mismo, como ocurre con la
Masacre de Budge. La decisión de llevar el caso a la CIDH en 1997 estuvo
precedida de un gran debate interno, ya que no somos ingenuos para creer
que ese organismo represente otra cosa que los Derechos Humanos
"políticamente correctos" hasta donde la clase dominante está dispuesta a
habilitarlos en su permanente búsqueda de relegitimación.

A diferencia de la compañera Bonafini, que denuncia la existencia de
"jueces corruptos" dando a entender que otros no lo serían tanto,
nosotros caracterizamos al aparato judicial, nacional o internacional, en
su conjunto, independientemente de la mejor o peor disposición que
individualmente alguno pudiera tener frente a un caso concreto. No
creemos que la impunidad de los represores sea un "problema de
corrupción", en cuyo caso lo podríamos resolver con unas cuantas purgas y
reestructuraciones, del mismo modo que sostenemos que la represión
policial no es un problema de unos cuantos "loquitos sueltos" que se
"desbordan" sino una necesidad intrínseca del sistema. En la causa
Bulacio intervinieron 35 jueces. Fueran o no "corruptos", todos
cumplieron el rol asignado por el sistema.

Llevamos el caso ante la CIDH con el mismo criterio que litigamos ante
los tribunales del sistema en nuestro país, sabiendo que aunque estemos
en territorio hostil, podemos arrancar triunfos con la lucha y la
perseverancia. Logramos que la CIDH concluyera que, efectivamente, los
derechos humanos de Walter y su familia fueron violados por el estado
argentino. Logramos también que, en lugar de sólo publicar el informe, se
elevara el caso a la Corte Interamericana, y fuera la primera oportunidad
en que la Argentina fuese juzgada ante la Corte IDH por violaciones a los
DDHH posteriores a 1983. Logramos que, contra las cuerdas y en el marco
de una enorme presión, el estado argentino admitiera los hechos,
relevándonos de probarlos en la audiencia del próximo 6 de marzo, donde,
en cambio, sí pondremos a consideración de la Corte todos los mecanismos
que habilitan detenciones arbitrarias en nuestro país.

El estado argentino no evitó juicio alguno "arreglando con la familia y
la abogada". No hubo tal arreglo, sino una confesión del estado,
reconociendo los hechos y su responsabilidad por la detención y muerte de
Walter Bulacio. El juicio comienza el 6 de marzo, y el reclamo de la
CORREPI y la madre de Walter Bulacio es que se condene a la Argentina por
su política represiva cotidiana ejercida a través de las detenciones por
averiguación de antecedentes, razzias, contravenciones, etc., para lo que
no necesitarán probar primero que A WALTER LO MATÓ LA POLICÍA, porque eso
ya está reconocido.

Existe también la posibilidad real de que la Corte, en su pronunciamiento
luego de la audiencia del 6/3/03, ordene al estado argentino reparar los
daños sufridos por la familia, y devolver los gastos efectuados hasta hoy
por los abogados de CORREPI, que no son subvencionados por estados ni
fundaciones nacionales ni extranjeros, ni por nadie, y han pagado de su
propio bolsillo desde los sellados judiciales hasta los pasajes y
alojamiento en cada ocasión que debieron comparecer ante la CIDH. Es
regla de la Corte que una de las obligaciones del estado violador de DDHH
es reparar a la víctima, fijando los jueces el monto que entiendan
corresponder. Sobre este tema, si es que lo merece, podemos abrir un
debate franco y fraterno, sin olvidar que CORREPI respeta el derecho de
cada familiar de decidir si acepta o no reparaciones materiales, cuestión
que nunca ha tenido influencia sobre la coherencia y perseverancia de su
lucha.

Para evitar nuevos "malos entendidos", transcribimos el texto firmado por
el Estado Argentino y aceptado por la familia Bulacio y la CORREPI:

1. Sin perjuicio de los planteos y argumentos formulados por las partes y
en el ámbito de la solución amistosa propuesta por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y aceptada por el Decreto Presidencial
161 de fecha 31 de enero de 2003, el Gobierno de la República Argentina
reconoce la responsabilidad por la violación a los derechos humanos de
Walter David Bulacio y su familia en base a la demanda efectuada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido se deja
constancia que Walter David Bulacio fue víctima de una detención
ilegítima y de la violación a sus derechos en cuanto a un inapropiado
ejercicio del deber de custodia e incumplimientos procedimentales y
vistas las consecuencias jurídicas y la irrenunciable vocación del
Gobierno y del Estado Argentino de cumplir integralmente con las normas
de derechos humanos a las que se ha obligado nacional e
internacionalmente, resuelve asumir la responsabilidad internacional y
sujetarse a las reparaciones correspondientes que determine la Honorable
Corte IDH.

2. El Gobierno de la República Argentina, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y los representantes de la familia de Walter David
Bulacio, solicitan a la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos tenga a bien pronunciarse sobre las cuestiones de derecho
discutidas en el caso, en lo correspondiente a la aplicación del Artículo
7 de la Convención Americana, en el marco de lo establecido por la
Honorable Corte en la Opinión Consultiva 17. (nota: el art. 7º refiere a
las detenciones arbitrarias y la O. C. 17 a los menores de edad).

3. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, el Gobierno de la República Argentina, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de la
familia de Walter David Bulacio solicitan a la Honorable Corte
Interamericana de Derechos Humanos que tenga a bien aceptar la
constitución de una instancia de consulta que tenga por fin, si
correspondiere, la adecuación y modernización de la normativa interna en
las temáticas relacionadas con el caso en discusión para lo cual se
invitará a expertos y otras organizaciones de la sociedad civil. (nota:
si se convoca este ámbito de "consulta", CORREPI presentará sus proyectos
de derogación de toda norma que faculte a las FFSS a detener personas
arbitrariamente).

4. El Gobierno de la República Argentina, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y los representantes de la familia de Walter David
Bulacio solicitan a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos
la celebración de la audiencia del día 6 de marzo de 2003, a los efectos
de que las partes aleguen y la Honorable Corte determine las reparaciones
que correspondan, de conformidad con el reconocimiento de responsabilidad
internacional efectuado por la República Argentina en el Punto 1 del
presente acuerdo.

CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional
Buenos Aires, 1º de marzo de 2003.-




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