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(ca) España, CGT: BOLETÍN CONTRAINFORMATIVO Nº 76, parte 2

From baixc-p@cgt.es
Date Wed, 13 Nov 2002 12:31:16 -0500 (EST)


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BOLETÍN CONTRAINFORMATIVO Nº 76
Secretaría de Comunicación del Comité Confederal de la CGT.
13-11-02. 

Contenidos:

- MANIFESTACIÓN EN BARCELONA EL 16 DE NOVIEMBRE EN SOLIDARIDAD
CON LOS 4 OKUPAS DETENIDOS EN VALENCIA

- PRONUNCIAMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL SISTEMA PENAL Y LOS
DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA SOBRE LA
ACTUACIÓN POLICIAL DEL PASADO 12 DE OCTUBRE

- ASOCIACIÓN CONTRA LA TORTURA: NUEVE PUNTOS BÁSICOS PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA TORTURA

- MANIFESTACIÓN CONTRA LA BASE DE LA OTAN EN BÉTERA EL 17 DE
NOVIEMBRE

- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PIDE UN DEBATE SOBRE LA ENERGÍA NUCLEAR

- ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS RECOGEN FIRMAS CONTRA EL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL

- LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS, CENSURADA POR EL TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA UE

- ARGENTINA: PARA PRODUCIR NO HACEN FALTA PATRONOS

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MANIFESTACIÓN EN BARCELONA EL 16 DE NOVIEMBRE EN SOLIDARIDAD CON
LOS 4 OKUPAS DETENIDOS EN VALENCIA

	La Asamblea de Okupas de Barcelona ha convocado una
manifestación en solidaridad con los cuatro jóvenes que se
encuentran en la cárcel de Picassent. Por su parte, la
Universitat de Barcelona ha emitido un comunicado que considera
desproporcionada la acusación de terrorismo que el juez les
imputa. 

	La Assemblea d´Okupes de Barcelona ha convocado para el próximo
16 de noviembre una manifestación que esperan sea multitudinaria
y con la que se pretende denunciar los montajes policiales,
además de mostrar la solidaridad de los movimientos sociales de
Catalunya con los cuatro jóvenes encarcelados en València. 
Hora:17:00 
Lugar: Plaza Universitat 
Dia: sábado 16 de noviembre 

	Por otra parte, en un comunicado hecho público en las últimas
horas, el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la
Universitat de Barcelona considera totalmente desproporcionada
la acusación de terrorismo que pesa sobre los cuatro jóvenes
detenidos el pasado día 15 de octubre en València. 
	Para la entidad universitaria, "no parece adecuado a las normas
penales la imputación de un delito de asociación ilícita (no se
sabe ni de que asociación se habla) y menos aún la aplicación de
tipos penales incluidos entre los delitos de terrorismo, ya que
tan solo se fundamenta en indicios indeterminados deducidos de
los informes policiales". El Observatori considera que "esta
desproporción en la calificación jurídica de los hechos responde
a criterios de prevención especial y general (escarmiento e
intimidación de la ciudadanía) y se enmarca en la políticas
criminales de emergencia y excepcionalidad". 
	El organismo catalán remarca que "los citados informes
policiales suponen una nueva manifestación del permanente acoso
y criminalización de los movimientos y expresiones sociales que
muestran su desacuerdo con el modelo único de pensamiento.
Reiteradamente se descalifica y se sitúa bajo sospecha a
colectivos sociales, especialmente a jóvenes que muestran su
rechazo a un modelo político social, cultural y económico con el
que no se sienten identificados". 

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PRONUNCIAMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL SISTEMA PENAL Y LOS
DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA SOBRE LA
ACTUACIÓN POLICIAL DEL PASADO 12 DE OCTUBRE	

	El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos
(OSPDH) de la Universidad de Barcelona ha publicado un informe
que denuncia la permanente criminalización que sufren los
diferentes movimientos sociales contrarios al "modelo único de
pensamiento" que pretenden imponer los diferentes poderes del
sistema. Ese acoso, manifiestan, es el resultado de la política
-estatal y autonómica- de tolerancia cero, eso que los poderes
justifican por la supuesta "alarma social" y la consecuente
"emergencia penal" que generan unos colectivos por rechazar un
modelo político, económico y social con el que no se sienten
identificados.
	El OSPDH nació en abril de 2001 como respuesta al trabajo e
inquietud de un grupo de juristas, profesores universitarios y
jóvenes investigadores. Sus funciones esenciales son las de
contribuir a la promoción de los Derechos Humanos y,
especialmente, observar cómo responde el sistema penal y sus
instituciones (tribunales, policía, cárceles) a los principales
problemas sociales con el fin de informar sobre sus actos de la
forma más independiente y objetiva posible. Se trata, por tanto,
de un centro de estudio que pretende desvincularse del viciado
sistema de comunicación imperante con unas fuentes endogámicas
que procuran decir sólo medias verdades y grandes mentiras, y
unos medios corrompidos por sus intereses.
	Respecto a los hechos del 12 de octubre, día de la Hispanidad,
el ODPDH declara en su informe que la desproporcionada actuación
policial es una prueba más de la política criminal con la que
los poderes públicos tratan de encauzar la conflictividad
social. La cerrazón de ciertos dirigentes hace que, cada vez con
mayor frecuencia, se emplee el sistema penal para reprimir las
expresiones de unas problemáticas que deberían ser abordadas
desde otros ámbitos, lo cual vulnera los principios democrático
y de derecho de la mínima intervención y la ultima ratio (última
razón) penal. Para el Observatorio -y para el sentido común y la
memoria histórica- está claro que todo sistema que pretenda ser
democrático se resiente cuanto más se acude a instrumentos
policiales y penales. Sin embargo, el Derecho penal se ha
convertido en la primera y única razón del Gobierno en este y
otros asuntos (terrorismo, Batasuna, nacionalismos, inmigración,
etc.), lo cual invariablemente le condena siempre al fracaso.
	A ojos de este colectivo, el operativo de seguridad desplegado
en Barcelona ese día fue totalmente desproporcionado, lo cual
sólo pudo contribuir negativamente al normal desarrollo de la
manifestación debido al acoso manifiesto que significaba tanta
presencia policial. Pero lo realmente intolerable fue la
práctica sistemática de identificaciones y cacheos a los
asistentes previo altercado alguno y la disolución violenta de
la marcha por el mero hecho de no haber sido autorizada "(que no
prohibida)", lo cual fue sólo en precedente de una serie de
detenciones igualmente indiscriminadas. Tal como viene siendo
habitual en estos casos, los agentes no se basaron en supuestas
actuaciones delictivas por parte de los detenidos sino en
criterios de "prevención criminal negativa", que no es otra cosa
que la intimidación ciudadana ante posibles consecuencias
penales con el fin de condicionar los actos de protesta.
	En cuanto a los procesamientos, el Observatorio reconoce que si
bien es del todo imprescindible la agilidad del sistema
judicial, ésta no puede producirse a costa de sacrificar las
garantías procesales. Es justo lo que ocurre con los denominados
juicios rápidos, supuestamente instituidos para hacer más eficaz
la "justicia" pero que, con su lógica de oficina, sólo consigue
hacer más eficaz su papeleo. En este tipo de juicios, en los que
el acusado y su abogado -si lo tuviere- apenas tienen tiempo de
preparar su defensa, lo que acarrea búsqueda de pruebas y
testigos, elaboración de alegatos, documentación jurídica, etc.
	En definitiva, el OSPDH pone una vez más de manifiesto la
creciente línea dura por parte de los países autodenominados
democráticos ante los casos de rebeldía ciudadana frente a una
realidad que nos imponen no sólo como única, sino encima como
justa y libre. Los mismos poderes que esgrimen constituciones
donde se hablan de derechos nos atrapan con excepciones penales,
trabas administrativas, hipocresía política y explotaciones
económicas cuando intentamos ejercerlos. ¿La solución? Está
claro que para ellos siempre será que demos las gracias "por el
bien común". Desde luego, no es nada nuevo perseguir con las
porras el descontento social cuando no se consigue anestesia con
la demagogia.

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ASOCIACIÓN CONTRA LA TORTURA: NUEVE PUNTOS BÁSICOS PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA TORTURA

1.- Derogación del Artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Este artículo establece la posibilidad de prorrogar la
detención de las personas detenidas hasta un máximo de 5 días
así como la posibilidad de incomunicación absoluta de las
personas detenidas.

2.- Derogación del artículo 527 de la Ley de enjuiciamiento
Criminal, por ser el artículo que establece las restricciones a
las garantías de la persona detenida. En consecuencia,
consideramos imprescindible el reestablecimiento del derecho a
que los familiares de la persona detenida tengan conocimiento
permanente del paradero de la persona detenida. Del mismo modo,
consideramos imprescindible que en toda diligencia tanto
policial como judicial, la persona detenida sea asistida por un
abogado de libre elección, así como el derecho de la persona
detenida a mantener una entrevista en privado con su defensor
previo a la celebración de la diligencia de prestación de
declaración ante el Juez.

3.- En aras a poder establecer, sin ningún tipo de dudas, que la
integridad física y mental de la persona detenida ha sido
garantizada durante la detención, consideramos necesario el
establecimiento de la posibilidad de que la persona detenida sea
reconocida, durante el período de detención, por uno o varios
facultativos de libre elección, que abarquen disciplinas tanto
de carácter físico como psicológico, así como el que se puedan
realizar las pruebas que estos consideren con el fin de que se
pueda establecer el estado, tanto físico como psicológico de la
persona detenida.

4.- Supresión de las competencias de la Audiencia Nacional para
los casos determinados por el artículo 384 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que se establecen en la Ley Orgánica
4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. En consecuencia, establecimiento del derecho de las
personas detenidas a que tanto la instrucción como el
enjuiciamiento de las causas que se sigan contra ellas se
produzcan en los juzgados naturales predeterminados por la ley.

5.- Aplicación real del Habeas Corpus, significando esto que el
juez, en todo momento se responsabiliza de modo real y efectivo
de la situación en la que se encuentra la persona detenida. 
Derogación del párrafo segundo del Artículo 2 de la Ley Orgánica
6/1984 de Habeas Corpus. Este párrafo deja la aplicación del
Habeas Corpus en manos del mismo Juez Central de Instrucción de
la Audiencia Nacional que ha acordado la detención incomunicada
de la persona detenida. 

6.- Anulación de las diligencias realizadas en dependencias
policiales en caso de que exista la mínima sospecha de que la
integridad de la persona detenida no haya sido respetada. En el
mismo sentido, consideramos imprescindible la unificación de las
investigaciones que se abran en caso de que la persona detenida
haya denunciado torturas, a las investigaciones que motivaron la
detención y a la instrucción que se siga contra la persona
detenida.

7.- Investigación real y efectiva por parte de jueces y
tribunales de las denuncias por tortura que se interpongan.
Reacción inmediata de los mismos desde el momento de la
denuncia, ordenando la práctica de aquellas pruebas sanitarias
necesarias para determinar la certitud o no de las denuncias
interpuestas. Del mismo modo, es imprescindible la separación
cautelar del servicio activo de los agentes denunciados mientras
duren las investi- igaciones.

8.- Instalación en dependencias policiales de cámaras de vídeo
que registren, respetando los espacios de intimidad de la
persona detenida, el transcurso de la detención, registrando
todas las salidas y entradas de la persona detenida del calabozo
en que se encuentra, diligencias que se realicen...

9.- Fin de la impunidad de los funcionarios condenados por
delitos de torturas. Actualmente dichos funcionarios, además de
no ser apartados cautelarmente de sus funciones en ocasiones son
promovidos a puestos de responsabilidad superiores a los que
ocupaban cuando se produjeron los hechos denunciados. Además de
ello, desde el Gobierno, mediante decisiones del consejo de
ministros posteriormente ratificadas por el Rey del estado
español, se vienen concediendo indultos a estos funcionarios
condenados. Todo ello conlleva una situación alentadora para que
la tortura se siga utilizando por parte de los cuerpos
policiales. 

Asociación Contra la Tortura - Torturaren Aurkako Taldea

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MANIFESTACIÓN CONTRA LA BASE DE LA OTAN EN BÉTERA EL 17 DE
NOVIEMBRE

Acción global contra la OTAN. Manifestación contra la proyectada
base de la OTAN en la localidad de Bétera (Valencia).

Marcha a la base de Bétera y gran inauguración de Guerra Mítica.

Domingo 17 noviembre, a las 11h., salida desde la Albereda de
Bétera. 

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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PIDE UN DEBATE SOBRE LA ENERGÍA NUCLEAR

	Ante la decisión de la Comisión Europea que fuerza a los
miembros de la Unión Europea a fijar un emplazamiento para
depositar los residuos radiactivos antes de 2008, Ecologistas en
Acción pide un debate y una decisión  global sobre la energía
nuclear. La Comisión Europea ha optado por el
enterramiento de los residuos radiactivos, hurtando el debate
técnico y ciudadano sobre la forma de gestión menos mala para
estas peligrosassustancias.
	La Comisión Europea ha decidido forzar a los países miembros de
la UE a tomar una decisión sobre el emplazamiento definitivo
para el enterramiento de sus residuos nucleares antes de 2008.
Esta decisión, que opta por el enterramiento frente al
almacenamiento en superficie, viene a hurtar un debate necesario
y una decisión global sobre la energía nuclear y sus residuos en
la UE. Los residuos nucleares de alta actividad son una de las
consecuencias indeseables de las centrales nucleares. Son
peligrosos durante cientos de miles de años y ningún país del
mundo tiene una solución satisfactoria para su gestión.
	En España la gestión de estas peligrosas sustancias la realiza
la empresa pública ENRESA, financiada con cargo al recibo de la
luz, que a mediados de 1995 tenía identificadas 24 zonas
favorables para la instalación del cementerio de residuos de
alta actividad. Durante estos años, los estudios de ENRESA han
continuado. Existe una decisión expresa del Consejo de Ministros
que aplaza la opción sobre la forma de gestión hasta 2010. La
decisión de la Comisión vendrá a acelerar tanto los planes del
Gobierno como de ENRESA y a actualizar los estudios geológicos y
sociales que se venían realizando a mediados de los 90.
	El enterramiento tiene riesgos graves relacionados con la
enorme vida de los residuos radiactivos de alta actividad.
Cientos de miles de años son una eternidad y es imposible
garantizar que ninguna construcción humana vaya a resistir tanto
tiempo. Además las formaciones geológicas también pueden cambiar
en esa escala de tiempo puesto que el clima y las corrientes
subterráneas de agua se modifican típicamente en decenas de
miles de años. Por otra parte, el emplazamiento definitivo de
residuos vendría a hipotecar el futuro de la zona donde se
construya. Esto es notoriamente injusto porque los habitantes de
esa zona no han recibido beneficio alguno del funcionamiento de
las plantas nucleares y tendrán que sufrir los efectos odiosos
de vivir junto a una peligrosa instalación durante toda su vida.
	Dado que no existe ninguna solución satisfactoria para la
gestión de los residuos de alta actividad, lo más sensato es
reducir el problema a su expresión actual y proceder al cierre
escalonado de las centrales nucleares. Una vez que esta sensata
decisión se haya tomado, deberá abrirse un amplio debate técnico
y social para optar por la solución menos mala.
	Para Ecologistas en Acción la decisión de proceder al
enterramiento directamente supone hurtar a los ciudadanos el
importante debate sobre el futuro de la energía nuclear y de los
residuos de alta actividad, que debe tratar simultáneamente
estos dos factores.

Ecologistas en Acción 
http://www.ecologistasenaccion.org/ 

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ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS RECOGEN FIRMAS CONTRA EL PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL	

	Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena
están recogiendo firmas contra el Plan Hidrológico con la
intención de presentarlas a la Conferencia Ramsar sobre
Humedales  que tendrá lugar la segunda quincena de noviembre en
Valencia.

EL DOCUMENTO LO TENéIS DISPONIBLE EN : 
http://www.ecologistasaragon.org/download/recogida_firmas_ramsar.doc


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LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS, CENSURADA POR EL TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA UE
	
	El Grupo Ecologista CÓNDOR (Almería) ha celebrado la decisión
del Tribunal de Luxemburgo, que ha venido a avalar las tesis
ecologistas sobre los efectos nocivos de la incineración,
asestando un duro golpe a sus defensores, que insisten en poner
esta práctica al mismo nivel del reciclaje.
	El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el máximo
órgano jurídico de la UE, emitió recientemente un dictamen que
afirma que la incineración de residuos urbanos equivale a un
vertido y no a una recuperación de éstos en forma de energía.
Esta decisión se alinea con las posturas de los ecologistas en
contra de la incineración, que produce emisiones de gases
contaminantes.
	El Tribunal de Luxemburgo se ha revelado mucho más «verde» que
la mayoría de Gobiernos de la UE y la propia Comisión Europea,
que se resiste a comentar las implicaciones de este dictamen
sobre la directiva comunitaria sobre «reciclaje y valorización
energética» que estaba ultimando. Por de pronto, este
pronunciamiento podría detener los envíos transfronterizos de
residuos urbanos, porque el dictamen fue emitido en respuesta a
la decisión de la CE de declarar ilegal el bloqueo decretado por
Luxemburgo a las exportaciones de residuos municipales para ser
incinerados en la vecina Francia. La CE consideraba, hasta este
suceso, que la incineración era una «operación de recuperación»
de energía.
	Pero el Tribunal le ha enmendado la plana. «La primera
conclusión que hay que sacar es que ha habido una clarificación,
lo que ya es positivo», comentan fuentes de la CE, aunque
evitaron pronunciarse sobre las consecuencias que tendrá sobre
la legislación europea, porque «los servicios jurídicos siguen
estudiando las implicaciones».
	El abogado general del Tribunal Jacobs no sólo dio la razón a
Luxemburgo sino que se pronunció en el mismo sentido en otro
litigio pendiente entre Alemania y Bélgica, en el que el primer
país intentó evitar la exportación de residuos hacia una fábrica
de cemento en el segundo, donde debían ser usados como
combustible, una práctica habitual en este sector pero muy
criticada por los ecologistas por las emisiones de CO2 y otros
gases contaminantes que produce.
	El Grupo Ecologista CÓNDOR considera que en nuestra Provincia,
este dictamen debe influir en las pretensiones de algunos
ayuntamientos del Poniente almeriense que quieren buscar en la
incineración de residuos la salida a este problema. Desde este
Grupo Ecologista se señala, también, que el proceso de
gasificación es, en definitiva, otro proceso de incineración,
por lo que no deben de dejarse engañar, estos ayuntamientos, por
las ofertas que les están haciendo los fabricantes de estas
procesadoras.

Grupo Ecologista Cóndor (Almería) 

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ARGENTINA: PARA PRODUCIR NO HACEN FALTA PATRONOS	

	Un mundo nuevo está naciendo en los intersticios del que se cae
a pedazos. La frase cobra sentido ante los cientos de fábricas
que han sido recuperadas por sus obreros, abandonadas por sus
dueños, que hubieran preferido verlas convertidas en
desahuciados galpones. 
	"Fábrica cerrada, fábrica tomada", es una de las consignas que
se ha popularizado en Argentina después de la insurrección del
20 de diciembre. Con cuatro años de recesión a cuestas, niveles
de desempleo y subempleo que alcanzan a la mitad de la población
activa, son cada vez más los trabajadores que perciben que
cuando pierden su puesto de trabajo se caen definitivamente de
la 
economía formal y quedan condenados a vagar en el limbo del
trabajo precario y mal pago, las changas o el cuentapropismo. 
	Por eso aferrarse al trabajo fue el camino que empezaron a
recorrer varios miles de trabajadores cuando los patrones
decidieron abandonar el barco de la producción apostando a la 
especulación. 
	Ya son más de cien las fábrica que en Argentina fueron tomadas
por los obreros y puestas a producir, a las que se suman unas
200 en Brasil, conformando un verdadero movimiento que ahora
empieza a coordinarse con otros sectores que buscan caminos
alternativos. La recuperación de empresas comenzó a comienzos de
los 90, cuando la apertura económica dejó en la cuneta a muchas
empresas que pasaron de la protección estatal a ser consideradas
ineficientes y dejaron de tener un mercado cautivo. 
	Los primeros tiempos suelen ser los más difíciles. Las poco más
de cien obreras de la textil Brukman, una empresa que fabricaba
trajes de hombres en el barrio Once de Buenos Aires, quedaron 
perplejas cuando el patrón desapareció a fines de diciembre,
mientras el país ardía. Desde hacía meses les pagaba una mínima
parte del sueldo, apenas un dólar diario y luego dos por semana,
y 
la deuda salarial se arrastra desde hace cinco años. Cuando
pasaban los días y no aparecía ningún gerente, unas pocas
atinaron a quedarse allí adentro, como Celia, que no tenía la
menor experiencia sindical, esperando algún milagro que le
permitiera seguir trabajando y cobrando, aunque sea, una mínima
parte del jornal. En no pocos casos, el vaciamiento de las
empresas fue largamente planificado por los patrones, que
adeudan cifras millonarias al Estado y a sus proveedores, y
contaron con la colaboración de la mafia sindical agrupada en la
oficialista CGT. 

Barajar y dar de nuevo 

	En la inmensa mayoría de los casos, la decisión de ponerse a
producir llegó luego de un proceso de maduración del colectivo
de trabajadores. Nunca fue una decisión automática, sino
atravesada por múltiples dudas, inseguridades y temores. En
ocasiones, demoran más de un año en volver a poner la fábrica en
marcha; a veces cuentan con insumos que dejó la patronal pero
otras deben salir a buscar la materia prima; a veces la
consiguen como consecuencia de donaciones o del apoyo popular y
casi nunca obtienen préstamos, por lo menos en las primeras
etapas. 
	Pese a algunas cuestiones en común, la pelea ante la justicia
es una de ellas, las experiencias son muy variadas. Desde una
mina en el Sur, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, con más de
mil 
empleados, que fue reestatizada luego de tres años de lucha
hasta la pequeña pero moderna imprenta Chilavert, en un barrio
de Buenos Aires. Allí los obreros evitaron el vaciado la
empresa, la tomaron y comenzaron a trabajar imprimiendo volantes
y afiches para organizaciones sociales. 
	La solidaridad es un elemento clave, sobre todo en la etapa
inicial cuando se trata del "aguante", una palabra que sintetiza
la voluntad de lucha y resistencia ante el acoso policial y
patronal. Un caso sucedido este año en la zona Norte de Buenos
Aires es emblemático. La Panificadora Cinco había cerrado
despidiendo a 80 trabajadores sin indemnización, en octubre de
2001. En abril de este año, la asamblea de vecinos del barrio,
creada luego de las jornadas de diciembre, estaba buscando
formas de conseguir pan más barato y se unió a un grupo de 20
obreros que habían sido despedidos de Panificadora Cinco.
Juntos, vecinos y ex obreros, ocuparon la planta. Durante 50
días resistieron los 
intentos de desalojo. En ese tiempo la solidaridad del barrio
fue impresionante: asambleístas, piqueteros y militantes de
izquierda instalaron una carpa en la puerta de la fábrica para
asegurar la 
vigilancia, realizaron tres festivales, una marcha por el barrio
y un escrache al empresario, un acto el 1 de mayo, charlas,
debates y actividades culturales. Optaron por formar una
cooperativa y ahora consiguieron que el parlamento provincial
expropiara y "donara" a la cooperativa el local, las máquinas y
la marca. Ahora están produciendo y vendiendo pan, a precio más
bajo que el del mercado, a hospitales, comedores y populares y
vecinos del barrio. 

Estado o cooperativas 

	Un debate profundo atraviesa al movimiento, desde el momento
mismo de nacer. ¿Qué estatuto legal darle a las fábricas
recuperadas? Surgieron dos propuestas: la propiedad estatal bajo
control obrero o la formación de cooperativas autogestionadas. 
	La primera propuesta viene de la izquierda, básicamente del
Partido Obrero (PO y del Movimiento Socialista de los
Trabajadores (MST), pero también la acompañan sectores del
Partido Comunista y del socialismo. La idea forma parte del
imaginario del movimiento comunista y revolucionario
internacional y consiste en la estatización de la empresa que en
adelante contará con 
subvenciones del Estado y sus obreros pasarán a ser funcionarios
municipales o estatales que controlan y fiscalizan el desempeño
de la dirección. 
	Por el contrario, la propuesta cooperativa supone no delegar
las tareas de dirección en instancias ajenas al colectivo
obrero, que pasa a asumir todas y cada una de las
responsabilidades y riesgos, incluyendo la comercialización de
los productos. Una característica de quienes promueven las
cooperativas autogestionadas es que en muchos casos se proponen
modificar la clásica organización fordista del trabajo,
relevando a los capataces y, a veces, cuestionan la idea misma
de capataz. 
	Hasta ahora la mayoría optó por la formación de cooperativas.
En el año 2001 se formó el Movimiento Nacional de Empresas
Recuperadas (MNER) en el que confluyen algo más de 60 empresas
autogestionadas. Jorge Abellí, quien dirige este sector,
sostiene que "no parece lo más oportuno entregarle las empresas
que hemos recuperado y puesto en funcionamiento, con mucho
esfuerzo, a este Estado mafioso". 
	Abellí pertenece a una cooperativa avícola de Rosario, que
cerró en 1998 dejando a sus cien operarios en la calle y desde
1999 producen para el reducido mercado interno. Las empresas
recuperadas pertenecen a todas las ramas de la producción: las
más grandes son las metalmecánicas, metalúrgicas y siderúrgicas,
hay diarios e imprentas pero la gran mayoría pertenece al sector
de la alimentación. En promedio tienen unos 70 trabajadores y se
reparten por toda la geografía argentina. "No es lo mismo
manejar una pequeña empresa de 15 trabajadores que la empresa
líder del país en la fabricación de tractores", comenta Abellí. 
	Se refiere a una empresa emblemática: Zanello, en Córdoba, una
gran fábrica de tractores, con 400 obreros, la única planta
argentina que los produce. El fallo judicial le entregó la
empresa a los empleados el 28 de diciembre. En febrero sacaron
al mercado un nuevo modelo diseñado por los obreros y los
técnicos, en base a un ingenioso acuerdo. Armaron una "alianza
estratégica", una 
sociedad anónima que pertenece en partes iguales a los obreros
de la cooperativa, unos 280 en la etapa actual, el personal
jerárquico y técnico, que de ese modo puede obtener mayores
ingresos que en la cooperativa obrera, y los concesionarios que
pusieron el capital para reemprender la producción. En marzo
consiguieron armar y vender dos tractores y actualmente, pese a
la crisis, producen y venden ya uno por día a un costo 30 por
ciento menor que los tractores John Deere. 
	Es una salida heterodoxa, pero cuando se trata de grandes
empresas que se desempeñan en sectores con tecnología avanzada y
requieren grandes inversiones en maquinaria, no parecen existir
salidas sencillas. 
	Además de la falta de capital e insumos, otro grave problema
que enfrentan es la administración. Cuando cierran las plantas,
los administrativos son los primeros que se evaporan. "Nuestra
administración es precaria pero transparente y democrática",
dice Abellí. Muchas empresas autogestionadas decidieron hacer
una liquidación de sueldos todos los viernes y a la vez ponen
una 
cartelera con la relación de gastos e ingresos para que cada
socio de la cooperativa esté al tanto de las cuentas. El MNER
hizo un acuerdo con la asociación de pequeñas y medianas
empresas y con la 
Universidad tecnológica para recibir apoyo para la formación de
personal administrativo y la dirección empresarial. 

Economía solidaria 

	En cuanto a la comercialización, consideran que el principal
aliado es el consumidor, por lo que están apelando a las
asambleas barriales y a otros sectores del movimiento social que
comienzan a 
trabajar en la dirección de un "consumo consciente". Pero
también se apoyan en los municipios y tienden a abastecer a
hospitales y escuelas. 
	Los ejemplos de producción autogestionada traspasan los
portones de las fábricas y tienden a generalizarse en todo el
movimiento popular. Es el caso de la asamblea de Parque
Avellanda, una zona relativamente céntrica de Buenos Aires. A
principios de junio los vecinos organizados ocuparon un bar
abandonado, el bar Alameda, lo restauraron y con el apoyo de
otras asambleas instalaron un 
merendero y comedor popular, al que ahora asisten más de 120
personas. Ellos mismos amasan el pan y cocinan, y ahora formaron
una cooperativa de trabajo que produce y vende pan a comedores 
populares y vecinos y está empezando a fabricar artículos de
limpieza a bajo precio. 
	En el bar recuperado funcionan unos 20 talleres, desde apoyo
escolar para niños hasta huerta orgánica, baile, cerámica, yoga,
comunicación alternativa, autoestima y carpintería. Además, los 
vecinos están organizados en ocho comisiones para atender todas
las tareas de lo que ya es un centro cultural y productivo. Más
aún, allí se ha creado el Espacio Asambleario, un lugar en el
que 
confluyen unas 30 asambleas de la capital y la provincia, que
tienen inquietudes similares. Las asambleas barriales, que
comenzaron haciendo compras comunitarias y experiencias de
trueque, van ingresando así en el terreno de la producción de
alimentos, mientras otras se animan a ensayar la producción de
medicamentos genéricos y otras más ingresan al terreno de la
autoconstrucción de viviendas. 
	Este espacio convocó ya dos encuentros de Economía Solidaria,
realizados en julio y agosto en el ex bar Alameda. Los
encuentros fueron espacios múltiples, con la presencia de
asambleas, 
piqueteros, fábricas autogestionadas y grupos de estudiantes. Un
total de cuarenta delegaciones decidieron crear una red de apoyo
a los vecinos amenazados de desalojos. 
	En las conclusiones, citadas en el periódico Alameda, proponen
"defenderse recíprocamente de los ataques de los de arriba,
comenzar a abrir caminos de trabajo y dignidad mediante el 
relevamiento de fábricas desocupadas, tierras transformadas en
baldíos y casas abandonadas". Consideran que "el tiempo comienza
a soplar a favor de los pequeños" y hacen un llamado: "Articular
los esfuerzos para que los poderosos no nos dispersen". 
	Un dato interesante es el entrelazamiento de iniciativas. Las
asambleas producen como lo vienen haciendo los piqueteros de
Solano, en Quilmes; unos y otros coordinan con las fábricas 
autogestionadas con la esperanza de intercambiar productos; unen
esfuerzos para aprender de los éxitos y fracasos de cada uno;
coinciden en la solidaridad con cerámicas Zanón, en el lejano
Sur, que sacó al mercado un modelo de azulejos diseñado por los
mapuches, y así sucesivamente. La red se va haciendo día a día
más compleja, va y viene, se trenza y anuda, se separa y se
vuelve a unir. 

Cambiar el mundo 

	Un caso ejemplar es el de IMPA (Industrias Metalúrgicas y
Plásticas de Argentina), situada en el corazón de Almagro, un
barrio popular porteño. Fue creada por empresarios alemanes en
1918 como fundición de cobre. En 1935 fue la primera empresa en
fabricar aluminio y al final de la segunda guerra mundial fue
nacionalizada por el gobierno de Juan Domingo Perón. En IMPA se
fabricaron los únicos aviones a reacción que se hicieron en
América Latina y las bicicletas con las que jugaban los niños 
argentinos. En 1961 el gobierno cerró algunas plantas y decidió
que se convirtiera en cooperativa, pero siempre fue manejada
como una empresa privada por su directiva. 
	A mediados de los 90 el monopolio de aluminio Aluar comenzó a
competir deslealmente con los productos de IMPA, ya que produce
los lingotes necesarios para hacer papel de aluminio, rubro 
principal de la empresa en los últimos años. A fines de 1997
quedaban un puñado de obreros de los más de 500 que trabajaban
en esa planta. Ante el cierre inminente, ya les habían cortado
la luz por falta de pago, con ayuda de algunos sindicalistas
ocuparon la planta, instalaron una olla popular con apoyo de
vecinos y comerciantes del barrio, expulsaron a la vieja
gerencia y eligieron un nuevo consejo de administración. 
	Decidieron volver a producir. Eran apenas 15 obreros (hoy son
136), consiguieron algo de materia prima, la reciclaron y hoy
son un punto de referencia de todo el movimiento. Hubo dos
decisiones drásticas: comprar chatarra de aluminio para abaratar
costos y eludir la competencia de Aluar, ante el escepticismo de
todo el personal que consideraba que no estaban capacitados para
producir con materia prima reciclada, como les decían los
ingenieros. La segunda decisión tuvo que ver con el personal de
más edad. "Siempre tuvimos trabajo para 80 o 90 personas, pero
le damos 
trabajo a 136 porque hay muchos viejos que les robaron la
jubilación y los tenemos aquí ayudando, barriendo, limpiando,
colaborando en lo que pueden. 
	Fue una decisión de la asamblea que consideró que era más digno
que estuvieran en la fábrica, donde llevaban más de 30 o 40
años, que darles un subsidio y se quedaran en sus casas" dice el
presidente de la cooperativa, Oracio Campos, un hombre de tez
aindiada de unos 65 años. Lo dice así, con una sencillez
conmovedora, sin darse cuenta que está poniendo de cabeza toda
la teoría económica y hasta la continuidad del proyecto, por un
empecinado humanismo al que denominan "solidaridad de clase". 
	Funcionan con asambleas informativas, sustituyeron a los
capataces por coordinadores de áreas o taller que son los
encargados de repartir el trabajo, y consiguieron formar algunos
equipos para democratizar el trabajo. Pero no son ingenuos: "En
algunas secciones funcionamos de forma vertical, porque el
mercado te exige tomar decisiones muy rápidas y no hay tiempo
para nada", asegura Eduardo Murúa, ex sindicalista de 41 años
que se desempeña como gerente. La principal producción de IMPA
es ahora vajilla descartable, pomos para dentífricos, envolturas
de golosinas y 
bandejas de catering. 
	En este aspecto, vinculado a la organización del trabajo, se
producen cambios increíbles. Una obrera de Brukman es
terminante: "Ahora hay más libertad en el trabajo, tenemos más
compañerismo, 
antes estábamos separados por piso, ahora estamos todos juntos y
nos organizamos nosotros mismos". Las obreras decidieron cambiar
la distribución de las máquinas y con ello trastocaron el viejo
sistema de control. Abellí aporta el imprescindible cable a
tierra; aunque coincide en que hay que combatir los "vicios del
capitalismo", sostiene que "la producción no puede ser un
proceso deliberativo permanente". 
	Pero la iniciativa más importante de impa, la que los
diferencia de todos los demás y sería la envidia del mismísimo
Darío Fo, es la creación de La Fábrica Ciudad Cultural. Desde
hace casi cuatro 
años pusieron en marcha un centro cultural autogestionado
dirigido por un grupo de 40 jóvenes, en el que funcionan 35
talleres y cursos, donde se realizan fiestas, funciones de cine,
de teatro y todo lo que uno pueda imaginar. 
	En realidad el proyecto empezó buscando la solidaridad vecinal
y del movimiento social, ante la deuda que tienen con el Banco
Nación, que supera los dos millones de dólares y puede zanjarse
con el remate de la planta. "Después fuimos comprendiendo que
era una forma de hacerle una devolución a la sociedad por la
enorme solidaridad que recibimos", dice Murúa. Campos se ríe y
recuerda que cuando empezaron a aparecer punks, "los pelados con
aritos", los obreros no querían saber nada. Ahora comen todos
juntos en el comedor que bautizaron con el nombre de Azucena
Villaflor de Devicenti, por la desaparecida fundadora de Madres
de Plaza de Mayo, que también fue obrera metalúrgica. 
	Quien visite la fábrica al atardecer, cuando la producción
empieza a decaer y llegan los jóvenes, pasará de un taller
ruidoso donde obreros engrasados manejan máquinas que escupen
tubos de aluminio, a espacios contiguos separados por un pequeño
pasillo donde, en el mayor de los silencios, un grupo de
estudiantes dibuja un desnudo en torno a una modelo. Publican
una revista que se llama IMPActo y lucen varios orgullos. 
	En 2001 se realizó allí el Festival Internacional de Cine de
Buenos Aires y en 1998 recibieron la visita de Orlando Borrego,
compañero del Che en Sierra Maestra, que inauguró el primer
ciclo de conferencias. Mientras la fábrica sigue funcionando
ellos se jactan de que nunca hubo un incidente entre
universitarios, anarcopunks, jóvenes que posan desnudas,
homosexuales y viejos obreros y obreras que apenas cursaron dos
o tres años de escuela. 

Que se vayan todos 

	La Clínica Portuguesa cerró por quiebra hace seis años. Hace
dos semanas la ocuparon dos asambleas barriales de Flores,
Buenos Aires. La sorpresa fue mayúscula: en los cuatro pisos,
que 
albergan laboratorios, consultorios y 20 salas de internación,
estaban aún intactos casi todos los aparatos de la clínica,
incluyendo los de la sala de terapia intensiva. 
	En pocos días confluyeron en la ex clínica decenas de asambleas
y varias fábricas recuperadas. Surgió la idea de hacer un centro
de salud que atienda a los 8.000 trabajadores de 60 fábricas
autogestionadas, además de un centro de salud preventiva para el
barrio. Con el excedente de las fábricas se creará un fondo para
constituir el capital inicial; varios ex empleados de la clínica

ya mostraron su apoyo al proyecto, las obreras de Brukman se
comprometieron a fabricar ropa de cama y obreros de IMPA,
Chilavert y media docena de fábricas recuperadas se aprestan a
colaborar con las tareas de limpieza junto a vecinos del barrio.
Según la crónica del diario Página 12, uno de los nombres que
los vecinos barajan para el nuevo centro es el emblemático "Que
se vayan todos". 

Autogestión: Un proyecto de vida 

	En Brasil la primera experiencia de recuperación de empresas en
quiebra se gestó en 1991. La fábrica Calzados Makerli había
cerrado su planta dejando en la calle a 482 trabajadores. En
1994 se creó la ANTEAG (Asociación Nacional de Trabajadores en
Empresas Autogestionadas) con el objetivo de coordinar los
diversos emprendimientos que iban surgiendo al calor de la
crisis industrial. Cuenta con oficinas en seis estados, que se
encargan de acompañar los proyectos de autogestión buscando la
integración de esos proyectos con iniciativas de las Ongs, los
gobiernos estatales y municipales, trabaja con 160 proyectos de
autogestión que cuentan con 30 mil trabajadores. Existen
empresas 
autogestionadas en todas las ramas de la industria, desde la
extracción de minerales y el sector textil hasta los servicios
turísticos y de hotelería. 
	Para la ANTEAG la autogestión es un modelo de organización que
combina la propiedad colectiva de los medios de producción con
la participación democrática en la gestión. Pero implica además
autonomía, de modo que las decisiones y el control de las
empresas, así como de los técnicos que puedan contratar,
pertenecen a sus miembros. 
	Para los trabajadores de empresas autogestionadas, una de las
principales dificultades es "volver a pensar". La ANTEAG
considera que "la cultura paternalista ha hecho que los
trabajadores esperen que otros hagan todo por ellos". Algunos
los esperan todo del patrón, otros del sindicato o del gobierno.
Pero existen también temores a asumir responsabilidades y
riesgos, así como problemas a 
la hora de gerenciar de forma democrática y transparente y,
sobre todo, dificultades para comprender que la consolidación
del colectivo humano es el objetivo fundamental, del que depende
la continuidad de la empresa. 
	La autogestión es también un proyecto de vida, que puede
convertirse en un referente social para amplios grupos de
trabajadores y formar parte de las alternativas al sistema que
crecen desde la base social. La ANTEAG considera un paso
ineludible "la reeducación del trabajador para que encuentre un
nuevo sentido en el trabajo, pueda creer en sus capacidades y
asumir la conducción del proceso de autogestión, rompiendo con
una trayectoria histórica de sumisión". 

Raúl Zibechi 
ALAI-AMLATINA, 17/09/02, Buenos Aires. 

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