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(ca) CORREPI. BOLETIN INFORMATIVO Nº150

From "correpi" <correpi@fibertel.com.ar>
Date Mon, 17 Dec 2001 04:12:36 -0500 (EST)



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CORREPI . BOLETIN INFORMATIVO
Número 150 - Diciembre 15/22 de 2001
SUMARIO
1- Espiando a la CORREPI
2- Sexto Archivo 
3- Corrientes: A 2 años de la Masacre
4- Postales de la Miseria
5- Navidad sin presos políticos

ESPIANDO A LA CORREPI
Después de haber descubierto que el Servicio Penitenciario bonaerense tiene una lista negra 
integrada por abogados de CORREPI a los que vigila, el día miércoles 12 declaró ante el Juez 
Lavié de La Plata el Inspector Mayor del SPB Carlos A. Scheffer, titular de la Secretaría de 
Informaciones de la institucional carcelera.
Scheffer, quien ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense en 1974 y seguramente actuó como 
represor en las cárceles de Camps, reconoció que ordenó investigar a través del Despacho 02/01 
a los Dres. León Zimerman, Daniel Stragá, María del Carmen Verdú, Gabriel Lerner, Sergio 
Smietniansky y Gerardo Etcheverry (de CORREPI); al Dr. Rubén Tripi del CeproDH y a los 
Dres. Luis Valenga y María Fernanda Doldán Aristizábal -vinculados a CORREPI y conocidos 
defensores de DDHH. La orden - formalmente - consistía en requerir que cada vez que alguno de 
ellos concurra a una unidad, le sea informado, aclarando a qué detenido visitaron. 
El oficial Scheffer argumentó que en enero de este año "los servicios" que su dependencia destina 
a diferentes cárceles le alcanzaron una nota anónima que, plagada de exageradas faltas de 
ortografía y redactado en un forzado estilo "tumbero", acusaba a los abogados antirrepresivos de 
"armar embrollo para pirar con fierro", indicando que ellos "tienen fierros y ayuda de afuera" para 
facilitar motines y fugas.
El "servicio" bonaerense, calificó a esquela sin fundamentos, sentido ni lógica por lo que consideró 
que no era necesario hacer la denuncia ante un fiscal, pero igual (ya que estaba) ordenó que se le 
informara por escrito cada vez que alguno de los letrados mencionados visitaba un interno en 
cárceles de la provincia de Buenos Aires. 
Lo más cierto es que a pesar de reconocer que la denuncia "carecía de todo viso de seriedad", 
aún hoy  la orden interna de espiar a los abogados de CORREPI se mantiene vigente y está claro 
que, con la excusa de ese anónimo -que pudo ser redactado de apuro para justificar la orden una 
vez descubierta- se registraron las concurrencias a cárceles efectuadas por los integrantes de la 
organización a presos políticos y luchadores sociales represaliados como Emilio Alí, Raúl 
Castells, Roberto Martino y los 57 presos del MTR, además de aquellos internos deseosos de 
denunciar homicidios o torturas ocurridas en las cárceles. 
Algunos otros datos brindados por el represor también resultaron patéticos: Por ejemplo sostuvo 
que el objeto de la medida era "brindar cobertura y protección a los abogados del listado", y que 
las tareas de inteligencia realizadas son habituales y ordinarias, aunque nunca antes se habían 
dispuesto similares medidas respecto de otros abogados, sean comunes o de derechos humanos.
La Comisión de Defensa de la Defensa de la Federación Argentina de Colegios de Abogados 
(FACA), el Dr. Juan Carlos Abud, Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de 
Buenos Aires, y representantes del Colegio de Abogados de La Plata y de Quilmes patrocinaron 
a los abogados involucrados ya que las instituciones profesionales entendieron la cuestión como 
violatoria del libre ejercicio de la profesión y discriminatoria tanto para los letrados afectados 
como para sus defendidos, además de constituir el hecho un grave riesgo para unos y otros. 
CORREPI califica el hecho un ataque directo contra nuestra organización que, evidentemente, 
con su actividad ha hecho lo suficiente como para ser merecedora del disgusto de los represores. 
También consideramos que hemos abortado una denuncia falsa que podría haber traído 
aparejado represalias hacia los compañeros. No podemos descartar que hayan planificado una 
"cama" contra algunos miembros de la organización.

SEXTA ENTREGA DEL ARCHIVO DE VICTIMAS
Medio centenar de familiares de víctimas del gatillo fácil se congregaron el viernes 14 en Plaza de 
Mayo para presentar a la opinión pública la sexta actualización del ARCHIVO que recopila los 
casos conocidos por CORREPI de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en la 
Argentina. Desde las cinco de la tarde y hasta pasadas las ocho de la noche una radio abierta 
difundió las adhesiones que fuimos recibiendo de organizaciones de DDHH, partidos políticos y 
centros de estudiantes, mientras distintos compañeros se alternaban ante el micrófono para traer 
su testimonio. Así hablaron Lilian Camacho del Movimiento Boliviano por los DDHH, Silvina del 
Movimiento Teresa Rodríguez, Juan Manuel de HIJOS, quien lo hizo en nombre de la 
Multisectorial por la Libertad de los Presos Políticos, León "Toto" Zimerman por CORREPI y 
Delia Garcilazo de Ríos en representación de los familiares de víctimas.
La absurda escena que ofrecía la Plaza, con un pesebre viviente organizado por el Gobierno de la 
Ciudad de un lado y los partidarios del carapintada Seineldín reclamando la libertad del coronel 
golpista al son de la Marcha de San Lorenzo del otro, no opacó la actividad que Aníbal de Santa 
Revuelta gráficamente describió "Estamos entre las hostias y las botas". Un importante despliegue 
policial controló de cerca el acto, pero afortunadamente no hubo incidentes. Además del aporte 
artístico de los solidarios compañeros de Santa Revuelta, siempre dispuestos a sumarse a estas 
iniciativas, tocaron  Libres o Muertos, viejos amigos de CORREPI.
Destacamos como uno de los hechos fundamentales que además de los familiares de víctimas de 
la represión policial que vienen desde hace años trabajando paralelamente a CORREPI, fue 
masiva la presencia de los padres y hermanos de muchos casos muy recientes, algunos con los 
que ni siquiera habíamos tenido contacto previo, que el viernes tuvieron su bautismo militante y, 
confraternizando con sus compañeros de dolor iniciaron el camino de la lucha colectiva en su 
reclamo de juicio y castigo a los asesinos. Igualmente importante fue la presencia de dos 
compañeras del grupo Madres del Dolor de La Rioja que viajaron especialmente para participar 
de la jornada. Desde Florencio Varela se acercaron los compañeros del Movimiento Teresa 
Rodríguez, trabajadores desocupados que marcaron con su presencia en la Plaza la necesidad de 
confluir en las luchas populares sumando esfuerzos para combatir al sistema que tanto mata a 
nuestros hijos con balas policiales o de hambre.
A las seis y media de la tarde una delegación de los familiares integrada por Sabina Sotelo, Pedro 
Ortiz, Norma Castro, Estela Bretas y Marina Luna (Madres del dolor La Rioja), María Esther 
Brun, Mateo Meza, Alberto Barreto, Noemí Jaez y Oscar Ríos cruzó la calle Balcarce para 
entregar en el Ministerio del Interior -símbolo de las políticas represivas del estado- una copia del 
Archivo. Como todos los años, burocracia mediante, regresaron a contarnos, a través de Pedro 
Ortiz, que un empleadito administrativo fue quien los recibió, para sellar hoja por hoja el Archivo 
que irá a parar al mismo cajón donde están los cinco anteriores -si es que Corach y Storani no se 
llevaron los suyos de recuerdo. Reafirmaron los familiares que participaron de la entrega que ese 
acto simbólico no contiene "petición" alguna, sino que, en la persona del ministro del interior 
Mestre, se resume el carácter represivo estatal.
Como dice un párrafo de la carta abierta de los familiares que encabeza el Archivo: "El gobierno 
nacional y los gobiernos provinciales siguen teniendo las fuerzas de seguridad que necesitan para 
ejecutar sus políticas de hambre y exclusión a través de la represión, aunque se quieran lavar la 
cara con "purgas" o "reestructuraciones" mediáticas, mientras ejercitan el "meta bala". Los 
escuadrones de la muerte que practican la "limpieza social" en las villas y barrios pobres, sobre 
los que venimos alertando desde hace años, hoy motivan acordadas de la Suprema Corte 
bonaerense, la misma que como máximo órgano judicial de la provincia es el garante final de la 
impunidad de los asesinos. (...) La Justicia del sistema, además de amparar como de costumbre a 
sus patrones políticos, legitima cada vez más las cotidianas violaciones a los derechos humanos de 
los pobres, de los jóvenes, de los excluidos, es decir, de los "sospechosos" de siempre. Los 
jueces y fiscales sólo son garantistas cuando se trata de proteger al asesino de uniforme para 
reproducir la impunidad y sólo son duros en la aplicación de las leyes para reprimir a los pobres. 
Contra ellos, todo vale, especialmente Meter Bala, mientras los que sí van presos son los 
luchadores sociales, los que cortan rutas para reclamar trabajo, los que piden comida frente a un 
supermercado. Nuestros muertos no eran, en su mayoría, militantes ni luchadores sociales. Casi 
todos responden a una misma definición de clase: jóvenes pobres, desempleados y excluidos, lo 
que dificulta a algunos dogmáticos con anteojeras caracterizarlos como víctimas de una violación 
a los Derechos Humanos. Los muertos de nuestro Archivo son los hijos y hermanos de los que 
cortan rutas porque hasta el derecho de huelga les ha sido arrebatado por este sistema injusto que 
cada día viene por más. Sus muertes no fueron "errores" o "excesos", sino el resultado de las 
políticas represivas implementadas para reproducir y ampliar la explotación.".
.
CORRIENTES: A DOS AÑOS DE LA MASACRE
1999- 17 de Diciembre- 2001
Durante 1999 el pueblo correntino dio dado muestras de su combatividad contra el modelo 
económico y social impuesto por el menemismo a nivel nacional, los autonomistas y liberales a 
nivel local y las sucesivas intervenciones federales. Los trabajadores se habían autoconvocado en 
torno de una Plaza que llamaron de la Dignidad. Entre el 10 y el 17 de diciembre de ese año, los 
Autoconvocados volvieron a tomar el Puente General Manuel Belgrano que une Corrientes con la 
provincia de Chaco por quinta vez en seis meses. La Gendarmería enviada por el presidente De 
la Rúa y su ministro de Interior, Federico Storani, desalojó a los correntinos sembrando horror y 
muerte y poniendo de manifiesto cómo sería la política de la Alianza recién estrenada en el 
gobierno para con el pueblo argentino: Ajuste y represión.
La maniobra de guerra, ordenada por el Comandante Chiappe, fue ejecutada por alrededor de 
300 efectivos de Gendarmería el 17 de diciembre de 1.999 a partir aproximadamente de las 4:00 
de la mañana. Utilizaron el factor sorpresa, en horario nocturno,  en la mayor oscuridad, gracias al 
provocado estallido de la central de energía ubicada a pocas cuadras del Puente, con el uso de 
lanzagases, de balas de goma y posteriormente de balas de plomo y el poder logístico necesario. 
Por las características se trató de un dispositivo preparado minuciosamente para dejar sin 
reacción posible a los manifestantes que ocupaban el Puente Gral. Belgrano. El objetivo 
expresado fue lograr el desalojo, pero el velado y el real fue sembrar el terror dentro de la 
población y de esta manera "disciplinar" al pueblo correntino o como dijo el apenas nombrado 
interventor, y hoy, Ministro del interior Mestre, poner "orden" ante la anarquía. Para ello, la 
irrupción de las tropas de Gendarmería en los barrios aledaños, la intrusión en los domicilios 
particulares de algunos vecinos y la instalación de francotiradores - algunos con indumentaria de 
civil - en los techos de las casas y en las azoteas de los edificios contiguos a la Avenida 3 de 
Abril.
Como sostuvieran los compañeros de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de 
Corrientes "No es casual que hechos como el sucedido en Corrientes se reproduzcan con 
preocupante asiduidad a lo largo y a lo ancho de la República" y que ante los reclamos populares, 
la exclusiva respuesta del Estado Nacional y los Estados Provinciales sea la represiva.
La causa penal iniciada por la Comisión Provincial y la CORREPI ha dado vueltas de manera 
dilatoria para garantizar la impunidad. Recién en octubre de 2.000 la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación decidió que el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Corrientes era 
el tribunal competente para entender en las denuncias presentadas. A pesar del tiempo 
transcurrido y que varias víctimas se habían constituido en querellantes y actores civiles, ninguna 
actuación judicial fue realizada durante ni después de resuelto el conflicto de competencia. Nadie 
fue indagado por las muertes de Escobar y Ojeda o en relación con alguno de los heridos. A 
Chiappe lo citaron como testigo. 
Actualmente y en otra muestra de la decisión de mantener la impunidad, la Cámara Federal de 
Apelaciones no se ha expedido respecto a la recusación al Juez Federal Soto Dávila.  
CORREPI se hace eco de las palabras de Comisión Provincial de Derechos Humanos de 
Corrientes que a dos años de estos trágicos sucesos dice: "Estamos nuevamente, como lo 
haremos siempre, demandando Justicia con lo único que no podrán arrebatarnos: la memoria, que 
es nuestra reivindicación y nuestra venganza. La memoria habla y dice: Mauro Ojeda- Francisco 
Escobar: Presentes - No los olvidaremos."

POSTALES DE LA MISERIA
La miseria desplegada por el sistema capitalista sobre los argentinos sencillamente es 
inconmensurable. Una depresión económica que está presta a cumplir 4 años, el cierre de la 
mayoría de la actividad productiva, el mayor índice de desocupación de la historia, mientras que 
los sectores de las finanzas, banqueros y las empresas multinacionales que compraron las 
empresas estatales rifadas acrecientan diariamente sus ganancias. 
El pueblo sufre. El día jueves hubo un paro "de compromiso" de la burocracia sindical. Hubo 
movilizaciones en varias provincias. En Neuquén hubo represión de parte de la policía de Soblich 
(cada vez mejor equipada). En Córdoba, la policía de De la Sota también reprimió a los 
trabajadores. El viernes los trabajadores de la provincia de Buenos Aires tenían que cobrar el 
sueldo prometido de la semana pasada. Al llegar a los cajeros no les pagaban. Hubo 
movilizaciones en distintos municipios y toma del Banco Provincia por maestros y estatales. Uno 
de los manifestantes se quejaba "A los policías ya les pagaron. No en patacones sino en pesos. A 
ellos sí, así los tienen contentos para cuando Ruckauf los mande a reprimirnos a nosotros".
El viernes por la tarde, en los mismos barrios de emergencia donde en 1989 hubo saqueos, de la 
Rosario de la miseria partieron hambreados a apropiarse de alimentos y así salvar su necesidad 
básica. La policía de Reuteman reprimió a los pobres. Un chico de 8 años sufrió un tiro de bala 
de goma en el pecho. Postales de miseria y de represión.

NAVIDAD SIN PRESOS POLITICOS
CORREPI como integrante de la Multisectorial por la Libertad de los Presos políticos exige de 
los poderes públicos la libertad de los compañeros, el cese de las persecuciones a los luchadores 
populares y la Amnistía ya para todos los represaliados. El día viernes 21 a partir de las 20 hs. se 
hará un recital solidario en Plaza de Mayo, tocando grupos como las Manos de Filipi, Santa 
Revuelta y Libres o Muertos, entre otros.

CORREPI
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional correpi@fibertel.com.ar
BOLETINES ATRASADOS Y OTROS DOCUMENTOS, y texto completo del ARCHIVO 
DE CASOS DE PERSONAS MUERTAS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA 
ARGENTINA 1983/2001, en:
http://groups.yahoo.com/group/correpi-informacion




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