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http://www.pagina12.com.ar/2000/00-12/00-12-18/pag09.htm
Diario Página/12 Buenos Aires, lunes 18 de Diciembre de 2000 OPINION Por Jorge Rivas * * Diputado Nacional por el Partido Socialista Democrático LA RESISITENCIA DE ALÍ El pasado 5 de mayo, día en que se cumplió una jornada de protesta con paro general, convocada por dos centrales sindicales, el dirigente barrial marplatense Emilio Alí, de 25 años, demandó al gerente de un local de la cadena de supermercados Tía la entrega de bolsas de comida para distribuirlas entre vecinos pobres. Estaba acompañado por alrededor de medio centenar de trabajadores desocupados. Alí, presidente de una junta vecinal que proporcionaba ayuda escolar y mantiene tres comedores donde se alimentan trescientas personas cada día, reclamó también que se permitiera retirarse a los empleados del comercio, a fin de que pudieran sumarse a la huelga. Las autoridades del supermercado accedieron a ambos pedidos. Un mes más tarde, Alí fue detenido y procesado por "coacción agravada por extorsión". En realidad, nadie había presentado denuncia alguna en su contra. La Justicia de la provincia de Buenos Aires intervino porque un fiscal impulsó una querella de oficio. Desde entonces, Alí está alojado en la cárcel de Batán, donde inició una huelga de hambre el lunes 11, después de que se le negara el beneficio del arresto domiciliario. Como se sabe, las cifras de la miseria en el país son aterradoras. Las tasas de desocupación, de mortalidad infantil y de deserción escolar, la cantidad de familias que viven por debajo de la línea de pobreza y de chicos sumergidos en la indigencia, son las más altas de la historia argentina. Son millones los que no pueden esperar otra cosa que sobrevivir. Muchos de ellos han apelado en los últimos tiempos a recursos desesperados, en algunos casos para obtener su alimento, en otros para hacerse oír por las autoridades nacionales, provinciales o municipales. Entre todas las respuestas que los poderes del Estado pueden dar a tan grave situación, la menos aceptable es la de reprimir a quienes encabezan la resistencia de los excluidos. Sin embargo, según datos proporcionados por la Central de Trabajadores Argentinos, los militantes y dirigentes sociales procesados en el país por participar de acciones tales como cortes de rutas o reclamo de alimentos en supermercados, son más de 2500. No se trata, por supuesto, de reclamar impunidad de quienes verdaderamente cometan delitos. Pero es sin duda preocupante que se extremen las medidas y se fuercen las normas legales para encarcelar a aquellos que no infringen la ley sino que, por el contrario, se organizan para exigir el respeto a sus derechos más elementales, claramente consagrados por la Constitución Nacional. Mientras tanto, sólo queda esperar que Emilio Alí, que padece el ensañamiento de la Justicia bonaerense, permita que otros trabajemos por defender sus derechos y desista de agotar sus fuerzas en la huelga de hambre. Son demasiados los que lo necesitan entero, con su capacidad de lucha y con su espíritu solidario intactos. |
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