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(ca) Los Presos Inocentes - La ley antiterrorista en Perú

From presosinocentes@libertad.org
Date Thu, 7 Dec 2000 10:43:25 -0500 (EST)


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      A - I N F O S  N E W S  S E R V I C E
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Desde el año de 1992 en que se aprobó la nueva legislación sobre
terrorismo, el gobierno peruano ha realizado, por efecto de la presión
nacional y por la crítica de los órganos del sistema universal y
regional de derechos humanos, modificaciones de la misma. Sin
 embargo, se han mantenido inalterales los aspectos sustanciales de
dicha legislación hasta ahora donde se supone hay  'democracia'.

El gobierno peruano pretende desconocer que es esa legislación de
excepción, con disposiciones que afectan las reglas mínimas previstas en
tratados internacionales, la que ha originado y sigue originando que se
siga deteniendo a personas que no tienen vinculación con las
organizaciones terroristas.
Persiste el empleo de términos difusos en la descripción de los delitos;
la violación del principio de proporcionalidad de las penas; la
incorrecta tipificación de las figuras agravadas de terrorismo como
delitos de traición a la patria; las desmedidas facultades otorgadas a
la
Policía, que no tienen control judicial; el juzgamiento de civiles por
tribunales militares; el juzgamiento por magistrados con identidad
secreta (tribunales sin rostro); el régimen penitenciario con extremas
restricciones y las inacabables torturasa INOCENTES.

          2. El gobierno peruano ha prorrogado en dos ocasiones el
funcionamiento de los "tribunales sin rostro", contrariando sus
compromisos internacionales. La última prórroga se estableció mediante
la ley 26671, publicada el 12 de octubre de 1996, que dispone el
mantenimiento de este sistema de juzgamiento hasta el mes de octubre de
1997.

Esta norma se emitió a pesar que el 25 de julio de 1996 el Comité de
Derechos Humanos "insta (al gobierno peruano) en particular a que se
suprima el sistema de 'jueces sin rostro', y a que se restablezcan
inmediatamente los juicios públicos de todos los acusados, incluidos
 los acusados de actividades relacionadas con el terrorismo". La
comunidad nacional de derechos humanos exige que en octubre de 19997, no
se prorrogue el sistema de jueces sin rostro., se prorrogó hasta 1999.

  Ante este delicado problema, y a causa de la presión de los organismos
nacionales e internacionales de derechos humanos, el gobierno peruano
promulgó el año de 1996 la ley 26655, que crea una Comisión Ad hoc
encargada de evaluar, calificar y proponer al Presidente de la República
los beneficios de indulto o derecho de gracia para quienes se encuentren
condenados o procesados por delitos de terrorismo o traición a la
patria, en base a elementos probatorios insuficientes que permitan a la
Comisión presumir, razonablemente, que no habrían tenido ningún tipo de
vinculación con elementos, actividades u organizaciones terroristas.Pero
esto nunca funcionó ni funciona hay miles de presos inocentes que no
saben por qué has sido juzgados por terrorismo.

Hasta 1996 han sido liberados 226 personas de las cuales 199 han
recibido el beneficio del indulto y 27 el de derecho de gracia (hasta
1997)
 Pero aún quedan por atender un elevado número de personas, estando
pendientes de ser resueltos cerca de 2,000 solicitudes. Los inocentes
pertenecen en su mayoría a las zonas rurales (56.2%), un 86% de ellos
son varones y un 70% jefes de familia.

 Las personas (miles en todo el territorio) que fueron 'beneficiadas'
por el indulto o 'derecho de gracia' se encuentran afrontando una serie
de dificultades, por lo que urge dar una norma complementaria para
solucionarlas. Así, se requiere que se les anule los antecedentes
penales y judiciales, que se les exonere del pago de la reparación civil
a los que habían sido condenados, y que se archive el proceso a los que
estaban procesados. Además, estas personas ante el daño económico y
moral que han sufrido requieren que se les conceda una indemnización.

Las personas acusadas de traición a la patria (el 70 % presos inocentes)
son juzgadas por la misma fuerza militar que las ha detenido y acusado,
los miembros de los tribunales militares son oficiales en servicio
activo,  la mayoría de ellos no posee ninguna formación jurídica y,
además, que no existe ninguna norma sobre la revisión de la condena por
un tribunal superior. Estas insuficiencias suscitan serias dudas sobre
la independencia e imparcialidad de los jueces de los tribunales
militares.  Los procesos contra civiles deben llevarse a cabo en
tribunales civiles, integrados por jueces independientes e imparciales.

!LIBERTAD PARA LOS MILES DE PRESOS INOCENTES ACUSADOS POR TERRORISMO EN
EL PERU!






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