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(ca) La tortura en los tiempos de Montesinos (y la

From contralatortura@accion.com
Date Thu, 7 Dec 2000 10:28:37 -0500 (EST)


socialdemocracia)
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Desde noviembre de 1994, en que el Comité contra la Tortura emitiera sus
observaciones y recomendaciones, la práctica de la tortura continúa
siendo un fenómeno generalizado en las intervenciones policiales y
militares, tanto en la investigación de casos de terrorismo
como de delitos comunes. Muchos casos de ejecución extrajudicial
esconden tras de sí un caso de tortura.
 El Gobierno Peruano no cumple con lo dispuesto en el Art. 4 de la
Convención contra la Tortura que lo obliga a tipificar la tortura como
delito con penas proporcionales a su gravedad, pese a existir diversos
proyectos de ley presentados en el parlamento. Como consecuencia, estos
casos son procesados como delito de lesiones o abuso de autoridad, con
penas benévolas. Igual de benevolentes son las reparaciones que se
imponen, lo que se puede ver en los pocos casos en que los responsables
han sido procesados y condenados.

 Tales son los casos de José Chamaya Pumacharis y Víctor Raúl Espinoza
Tasso. El primero fue torturado hasta morir en la Delegación Policial de
Santa Patricia, La Molina, Lima, el 22 de setiembre de 1995. Casi un año
después, un tribunal militar condenó a los  responsables a 4 años de
prisión y una reparación civil de 2,000.00 soles (aprox. 750 dólares).
El segundo también fue torturado hasta morir, en la Delegación Policial
de San Andrés, Lima, el 20 de enero de 1994. Su delito fue protestar
frente al Palacio de Gobierno. Dos años y medio después el Poder
Judicial condenó a los responsables a 4 años de prisión, pero con
condena condicional, y una reparación de 1,000.00 soles (aprox.375
dólares), monto que no cubre siquiera lo que cobra el Estado por un
entierro en un cementerio público.

 Por los casos registrados en la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos, se puede afirmar que la práctica de la tortura se presenta con
mayor gravedad en las zonas de emergencia.
Tal fue el caso de más de 40 pobladores de la localidad de Alto
Yurinaki, La
 Merced, Junín, detenidos por el Ejército entre el 24 de febrero y el 11
de marzo de 1997 y llevados a la Base Militar de Pichanaki. Las
víctimas, entre ellas 8 menores de edad, fueron golpeadas, colgadas,
ahogadas y se les aplicó corriente eléctrica. El operativo era parte de
un plan psicosocial para contrarrestar la toma de la residencia del
Embajador de Japón. Los pobladores eran acusados de ser integrantes de
la columna "Juan Santos Atahualpa" del MRTA (éstos los esclavizaban).

 En los casos de los detenidos que se presume ( NO SE COMPRUEBA) hayan
estado vinculados a organizaciones terroristas, la práctica de la
tortura es masiva.
 Datos recientes extraídos de una encuesta aplicada a SÓLO 1,250 de
estas personas en todos los penales de alta seguridad del país, revelan
que el 77% ha sufrido algún tipo de maltrato o tortura durante la
investigación. El 89% declara que no estuvo presente el fiscal durante
su detención.

 Dentro de la práctica de la tortura con gran frecuencia se hace uso de
la violación sexual contra las mujeres detenidas, como muestra el  caso
más reciente de Nancy Patruska Del Campo Cáceres (23), detenida el 7 de
mayo de 1997, por miembros de la Dirección Contra el Terrorismo
(DINCOTE) de la Policía Nacional, en cuyos calabozos fue violada por
varios de sus captores. Durante todo el tiempo de su detención estuvo
incomunicada y nunca se permitió que fuera visitada por sus familiares.



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